Los trabajadores judiciales cuestionan los criterios establecidos por el Órgano de Administración Judicial para evaluar a secretarios, actuarios y oficiales, pues consideran que el esquema representa un riesgo para la carrera judicial y podría tener consecuencias en la permanencia de sus plazas.
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En un comunicado, la SCJN detalló que el ministro presidente se reunió con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel, y al secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, Juan Alberto Prado Gómez.
Esto, con el objetivo de escuchar las necesidades de la plantilla laboral y construir acuerdos que permitan conducir los procesos institucionales junto con el Órgano de Administración Judicial.
Afirmó que la base trabajadora es la “columna vertebral” del sistema de justicia y planteó que las determinaciones institucionales deben discutirse con quienes integran el Poder Judicial de la Federación, aun cuando tengan sustento legal.
“La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla”, indica el comunicado. La SCJN sostiene que el fortalecimiento del Poder Judicial requiere respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos entre trabajadores, autoridades y las instancias encargadas de la administración judicial.
Pide que el examen no castigue a trabajadores
Aguilar Ortiz sostiene que la evaluación de desempeño debe utilizarse para identificar áreas de capacitación y mejorar el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, sin que se convierta en una medida de castigo contra las personas trabajadoras.
“La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”, señala la Corte
Paro de trabajadores en Poder Judicial
El jueves 5 de noviembre, más de mil trabajadores adscritos al Décimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación suspendieron actividades en Morelos. La protesta surgió por el nuevo sistema de evaluación de desempeño previsto para personal judicial, en medio de los cambios derivados de la reforma judicial.
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Al día siguiente, viernes 6 de noviembre, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro nacional de labores y cerraron con cadenas la sede judicial de San Lázaro, en la Ciudad de México.
Los inconformes advirtieron que el bloqueo sería por tiempo indefinido; sin embargo, llamaron a extender las movilizaciones a por lo menos 17 estados.
Los empleados cuestionaron el acuerdo del Órgano de Administración Judicial que establece los mecanismos de evaluación para secretarios, actuarios y oficiales. Sostienen que los criterios no reconocen de forma suficiente su experiencia, preparación y trayectoria. También expresan preocupación porque los resultados pudieran afectar la permanencia en sus plazas.
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En Monterrey, Nuevo León, las oficinas judiciales cerraron alrededor de las 9:00 horas. Después, trabajadores bloquearon los carriles ordinarios y exprés de la avenida Constitución, una de las principales vialidades de la ciudad.
La movilización provocó afectaciones viales durante cerca de cuatro horas. Hacia las 12:30 horas, los manifestantes liberaron la avenida y regresaron a las instalaciones judiciales para reunirse.
La jornada también registró tensión en Durango. Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, acudió a un encuentro con los trabajadores inconformes y terminó en el suelo durante el intercambio.
Los manifestantes exigían información sobre las evaluaciones previstas para mediados de diciembre y sus posibles consecuencias laborales.
Las protestas se replicaron en Sonora, donde personal del PJF manifestó su rechazo al mecanismo. En Yucatán, trabajadores se concentraron frente al edificio de Petronila, en Mérida, y expusieron sus inconformidades ante un magistrado del Órgano de Administración Judicial.
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Ante el paro, el OAJ informó que la primera aplicación de las evaluaciones, programada para los días 1, 4, 8 y 15 de diciembre de 2026, tendrá carácter diagnóstico.
El organismo aseguró que no habrá aprobación ni reprobación, ni efectos individuales sobre la continuidad laboral. Añadió que la primera evaluación ordinaria con consecuencias legales ocurrirá después de los cursos de capacitación correspondientes.
