El Gobierno Federal emitirá la tarde de este miércoles un decreto con el que Talleres Gráficos de México se reestructurará para fortalecer sus capacidades y asumir la producción principal de la papelería electoral de México, para que esto lleve a que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales prescindan de contratar a empresas privadas.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que el fin de esta modificación es garantizar la transparencia de las contrataciones y la reducción de los costos de las elecciones en México, por medio de una homologación en los precios de los servicios e insumos, lo cual se afianzará con una nueva ley que se propondrá pasados los comicios del 2027.
“Se trata de ahorrar y pues de que no haya suspicacias al respecto… Sí, efectivamente hacia allá vamos (eliminar la impresión con sector privado), hacia la homologación y que sirva este talleres gráficos como han servido para que sean todos impresos por Talleres Gráficos de México”, declaró Rosa Icela Rodríguez esta mañana en Palacio Nacional.
Rosa Icela Rodríguez negó que esto ponga en duda la autonomía del INE, ya que el plan es que TGM también sirva como un taller que trabaje para cualquier contratante, entre esos, el Instituto.
La medida fue asumida a raíz de los hallazgos de contrataciones irregulares que se mantuvieron al interior del Instituto y los Oples, que permitió que un grupo familiar -los hermanos Hernández Casillas- acaparara los contratos por más de tres décadas, a través de simulación de competencia entre sus mismas empresas y que les permitió inflar los costos de los materiales y servicios que ofrecían.
Rosa Icela Rodríguez recordó que para las elecciones de 2024, 19 de los 32 Oples recurrieron a empresas privadas para la impresión de las boletas y únicamente 13 lo hicieron con TGM. En un balance de aquellos comicios, señaló que este organismo se encargó de la impresión de 317 millones de boletas y para 2025, de 602 millones.
Además, Rosa Icela Rodríguez recordó que el líquido indeleble también es una función del Estado, al ser producido por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, desde 1994.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez explicó durante la conferencia presidencial que el objeto de este mandato especificará que TGM producirá la documentación y materiales no sólo del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales, así como los documentos de seguridad e impresos oficiales prioritarios para el Estado Mexicano.
Entre los cambios está la composición de la estructura orgánica de Talleres, cuya junta pasará de cinco a siete integrantes en donde la facultad de designación a quien preside este organismo permanecerá en la Secretaría de Gobernación.
En el cuerpo se incluye a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pero también incluirá a partir de hoy a tres consejeros independientes: Ángel Eustorgio Rivera González, maestro en Ciencia con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad, del Instituto Politécnico Nacional.
También exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Juan Contreras Bustamante y la doctora en Derecho Josefina Cortés Campos, por el Tecnológico de Monterrey.
Esta enmienda implicó la remoción de Arturo Chávez López al frente de este organismo descentralizado, que ahora estará a cargo de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas.
Como parte de esta primera fase de cambios, que concluirá hacia junio de 2027, también se abrirá un padrón público de contratistas con la valoración sobre su capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera; igual un registro público en datos abiertos de los contratos y convenios que se celebren.
Igualmente se pedirá que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una inspección anual ‘voluntaria’ para TGM.
Uno de los puntos centrales es que se excluirá a las empresas con impedimentos legales o falta de capacidades, es decir, que también hayan tenido observaciones de la ASF o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.
La segunda fase vendrá a partir de julio del siguiente año y hacia 2030, que consistirá en la formulación de la Ley de la Imprenta Nacional de México, que establecerá un mandato exclusivo para la documentación y material electoral, así como para documentación de seguridad.
Implicará la modernización de la infraestructura y equipamiento para estas tareas y se fijará la operacióN con mecanismos de compras abiertas.
Eso se acompañará de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los materiales electorales sean producidos por entes públicos, con especificaciones y control de calidad del INE, mismo que deberá realizar compras consolidadas y con un catálogo único que igualmente sirva a los Oples.
Dentro del objetivo de reducir los costos de los comicios, se creará un almacén nacional para reutilizar y rehabilitar materiales electorales.