La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó una red de siete empresas, 83 personas y 89 vínculos en su revisión de proveedores del sector electoral y personas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre los hallazgos destaca un extrabajador del organismo que figura como apoderado de Corporativo ZEG, así como conexiones entre socios, representantes y otras figuras corporativas de las compañías examinadas.
En una actualización difundida ayer, el órgano fiscalizador presentó un mapa de relaciones que incluye a Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, TOL Producciones, Corona J.E. y Comercializadora JVLT.
La Auditoría subrayó que las conexiones corporativas y los antecedentes laborales constituyen indicios para profundizar en la revisión de las contrataciones públicas. El propósito es determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales, por lo que el documento se abstiene de presentar, por ahora, esas relaciones como una resolución que acredite irregularidades.
“Como parte de los diversos trabajos que realiza esta institución, previamente informados, a los entes públicos del sector electoral, se identificaron vínculos entre empresas proveedoras y personas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE)”, expuso la Auditoría en el comunicado que acompaña un diagrama con los hallazgos.
El Dato: el Consejo General del INE solicitará a la ASF una revisión de la función de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto correspondiente al periodo 2016-2026.
Uno de los casos destacados por la ASF es el de Jonathan “N”, identificado como extrabajador del INE y apoderado de Corporativo ZEG. La lámina consigna para él percepciones reportadas por 601 mil 751 pesos con cuatro centavos entre mayo de 2025 y marzo de 2026, como uno de los datos incorporados al mapa de investigación.
El material no precisa el origen de esas percepciones ni las desglosa por concepto. Tampoco establece que ese monto corresponda a un contrato público, a un pago de la empresa o a recursos obtenidos ilegalmente; lo presenta junto con los antecedentes laborales y la representación corporativa de Jonathan “N”.
Otro de los nombres es Alejandro “N”, quien aparece como socio de Corporativo ZEG y delegado de la asamblea de Formas Finas y Materiales. Su participación en ambas compañías es una de las conexiones que la ASF destaca para explicar las relaciones entre las sociedades incluidas en el análisis.
El comunicado señala que cinco personas aparecen vinculadas tanto con ZEG como con Graf, además de otras relaciones corporativas. En el esquema se identifican expresamente a César “N”, Omar “N”, Fernando “N” y Raymundo “N” como conexiones entre Corporativo ZEG y Cajas Graf, mediante diversos tipos de participación o representación.
11 Días han pasado desde la renuncia de Taddei
La lámina también incorpora a Tatiana “N” como vínculo entre Cajas Graf y Seriplast de México. En otra parte del diagrama se muestra una conexión entre Cajas Graf y TOL Producciones. Corona J.E. y Comercializadora JVLT aparecen entre las siete empresas, aunque no se detallan en los recuadros explicativos nexos individuales como los descritos para las otras compañías.
Para distinguir las relaciones, el mapa utiliza cuatro categorías: socio o accionista; administración y órganos; apoderado o representante, y delegado o solicitante. Así, el análisis reúne funciones distintas dentro de las sociedades, sin equiparar una participación accionaria con una representación legal o con una intervención en asambleas.
El documento también reporta que proveedores de Corporativo ZEG realizaron operaciones por 21.3 millones de pesos con una empresa de certificación de facturas electrónicas cuyas autorizaciones fueron revocadas.
Los hallazgos se suman a la investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). El examen busca reconstruir las relaciones entre proveedores, empresas y servidores públicos para determinar si existieron mecanismos que favorecieran la adjudicación de contratos.
Como antecedente, en la comparecencia del 30 de octubre se informó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por ocho mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, tres mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales.
Por su parte, el INE alista auditorías y la revisión de contratos en diversas áreas, en el contexto de los señalamientos por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei. La revisión de adquisiciones contempla órganos centrales y desconcentrados, así como las instancias requirentes, técnicas, contratantes, administradoras y de pago.
El seguimiento de la ASF deberá profundizar ahora en las contrataciones para establecer si las conexiones detectadas se tradujeron en acciones que ameriten investigaciones penales.
Los vínculos descritos son el punto de partida de esa revisión y requieren examinarse junto con los expedientes de las operaciones públicas.
Alistan denuncia contra Guadalupe Taddei ante la FGR por cinco delitos
| Por Tania Gómez |
Por presuntas irregularidades en las contrataciones públicas y vínculos con empresas proveedoras del organismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
El documento contempla enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades. Entre las líneas de investigación está una posible complicidad entre funcionarios del instituto y contratistas que habrían obtenido beneficios económicos mediante adjudicaciones.
El Dato: La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se desmarcó de Guadalupe Taddei a través de un video en redes sociales: “no es de Morena, es parte del viejo régimen del PRIAN”.
La consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que el proyecto está “prácticamente terminado”, aunque su presentación, prevista para el miércoles, se retrasó mientras los equipos jurídicos afinan los fundamentos. Además, las diez consejerías deberán revisarlo. “Prácticamente está lista, no vamos a tardar”, declaró.
El consejero Arturo Castillo informó que el proyecto está en revisión en las oficinas de los consejeros desde la noche del miércoles. Aclaró que no es una simple vista a la autoridad ministerial, sino “una denuncia formal”, y reconoció que el órgano electoral tardó demasiado en presentarles el documento. Espera que se apruebe y se presente a la brevedad.
Sobre el posible congelamiento de cuentas de empresas ligadas a las investigaciones, Castillo señaló que la autoridad electoral no ha recibido información oficial de restricciones financieras a proveedores con contratos vigentes.
Si alguna empresa quedara imposibilitada para cumplir, advirtió, el instituto deberá actuar para evitar afectaciones a la organización electoral.
Por ello, instruirá a la Secretaría Ejecutiva a elaborar un proyecto de medidas que garantice la continuidad del proceso, incluso si algún contrato debe suspenderse o rescindirse.
“El proceso electoral continúe su curso. Eso es la prioridad”, afirmó.
La denuncia plantea que la FGR investigue las relaciones entre servidores públicos del INE y empresas contratistas, ante la sospecha de acuerdos para favorecer a ciertos proveedores. Propone revisar las contrataciones desde 2023, incluida la licitación para producir la credencial para votar.
También se pediría analizar las grabaciones difundidas públicamente y localizar su fuente original. Uno de los puntos centrales es la presunta intervención de José Alfredo Hernández Casillas en distintas áreas del instituto para favorecer a compañías proveedoras.
Castillo Loza, quien no era parte del órgano electoral cuando ocurrieron los hechos, evitó concluir sobre las relaciones empresariales señaladas, pero dijo que debieron revisarse en las licitaciones y pidió abrir auditorías y deslindar las responsabilidades correspondientes.
Distinguió esas posibles irregularidades de una eventual práctica monopólica, que, afirmó, no compete al INE sino a la autoridad de competencia económica.
El uso ilícito de atribuciones se vincula con contrataciones irregulares con recursos públicos; el ejercicio abusivo de funciones, con la intervención indebida de funcionarios para favorecer intereses propios o ajenos. El tráfico de influencias apunta a gestiones para incidir en decisiones administrativas; el peculado, a un posible desvío de recursos; y el enriquecimiento ilícito, a beneficios patrimoniales de servidores públicos relacionados con las contrataciones.
Señalan simulación de competencia en firmas proveedoras electorales
| Por Yulia Bonilla |
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno expuso que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas conformaron una red empresarial para simular competencia y obtener contratos por más de dos mil millones de pesos al posicionarse como proveedores, no sólo del Instituto Nacional Electoral, sino también de al menos 23 de los 32 los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) entre 2015 y 2023.
A partir de los señalamientos públicos que se dieron en medios de comunicación, la dependencia rastreó el historial de los contratistas en fuentes abiertas, donde hallaron que los hermanos entraron a trabajar en 1983 en la Secretaría de Gobernación, mientras Juan Carlos Padilla Aguilar era director general de Registro Nacional de Población (Renapo), y de quien se subrayó su militancia actual con el recién conformado partido opositor Somos, liderado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo.
En ese entonces, José Alfredo fue secretario particular de Padilla, mientras que para 1987 Raymundo se incorporó en el área de Recursos Financieros y Materiales. Al año siguiente fue cuando constituyeron la empresa Cartonera Plástica.
Para 1989, mientras Carlos Salinas de Gortari era presidente, Juan Carlos Padilla pasó a trabajar como secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a donde nuevamente llevó a Alfredo como su secretario particular; en ese mismo año, Raymundo se incorporó al área de Investigaciones. En la línea de tiempo respecto a Padilla, se le exhibió por haber sido parte del gobierno priista en el Estado de México entre 1989 y 1993; también por haber sido nombrado por Miguel Ángel Osorio Chong como delegado regional de la Segob en el 2017. Para 2022, pasó a la actuación política con el Frente Cívico Nacional, donde también participaron Guadalupe Acosta y Emilio Álvarez Icaza.
El Dato: Morena acusó una presunta red de corrupción en torno a las instituciones electorales, con antecedentes de 27 años, y exigió investigar a quienes encabezaron el INE.
La titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, subrayó que en los últimos años Padilla Aguilar coincidió en el partido Somos, que es conformado por exconsejeros de lo que fue el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, como Marco Antonio Baños, el exsecretario ejecutivo del Consejo, Edmundo Jacobo Molina, y el expresidente del órgano, Lorenzo Córdova Vianello.
En tanto, en 1992 se constituyó la empresa Formas Finas —una de las involucradas en los contratos irregulares del INE—, vinculada a Raymundo; para 1999 Cartonera Plástica, vinculada a José Alfredo, participó como proveedor electoral en el Edomex.
En 2006, esta empresa obtiene un contrato de 63.7 millones de pesos para suministrar insumos electorales al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Para entonces, también surgieron cuestionamientos que llevaron a denuncias de presuntas irregularidades que culminaron en la renuncia de los siete consejeros electorales estatales. A través de la constitución de más empresas, los hermanos Hernández Casillas comenzaron a tener más contratos con los Oples de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo, entre 2012 y 2013, etapa para la cual se considera que se consolidaron.
Como paréntesis, la secretaria Buenrostro recordó que con la reforma electoral de 2014, los consejeros estatales comenzaron a ser nombrados por el Consejo General del INE, el cual fue quien designó a Taddei como consejera en el Ople de Sonora. Bajo este contexto, entre 2015 y 2023, las empresas de los hermanos se hicieron de contratos con 23 de los 32 Oples por dos mil 94 millones de pesos.
CASO ACTUAL. En 2023, al momento de que la Cámara de Diputados trabajó para elegir a quienes cubrirían tres vacantes en el Consejo del INE, Taddei Zavala resultó electa por insaculación, debido a que no se consiguió ningún consenso para elegir por votación a los consejeros. Entre 2024 y 2025, ya con Guadalupe Taddei como consejera presidenta, la red empresarial —Cajas Graf, Seriplast, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Comercializadora Jvly y Formas Finas Fernando Fernández— de estos hermanos obtuvo contratos por 646.3 mdp con 15 de los 32 oples. Raquel Buenrostro señaló que los montos de los contratos que se encontraron seguramente crecerán, ya que continuará la indagatoria por parte de la ASF para conocer todas las relaciones comerciales que obtuvieron los hermanos.
“Seguramente en la revisión que haga la Auditoría Superior de la Federación (ASF) van a resultar números. Digamos que esto es un piso y de aquí pues para arriba los contratos se van a mover hacia arriba”, dijo.
Expuso que con esta red de empresas fachada, simulaban competencia al ponerse de acuerdo sobre con cuál ofrecerían las mejores condiciones para ganar los contratos ante los órganos electorales. Además, comentó que en años reciente se identificó que comenzaron a dejar el control a los hijos de José Alfredo.
Además, se encontró un ocultamiento de los beneficiarios finales de los recursos, con movimientos que hacen sospechar que recurrían a prestanombres o al robo de identidad, además de mostrar comportamiento de lavado de dinero. Sobre esto último, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto no significa necesariamente una relación con la delincuencia organizada, sino más bien una práctica derivada de contrataciones irregulares.
LARGA DATA. Ante los hallazgos sobre la la red empresarial que los hermanos Hernandez Casillas han encabezado desde hace 27 años y su presunto vínculo con políticos de la oposición revelada por la Secretaría Anticorrupción, la Presidenta Sheinbaum aseguró que el “cochinero” en el INE —referente a las contrataciones irregulares— no inició con Guadalupe Taddei.
No obstante, dijo que esto no significa que se defienda la comisión de actos ilegales cometidos en los años recientes, ya que las responsabilidades las determinará la ASF y, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR). Además, reiteró su rechazo a los señalamientos con los que se ha vinculado a Taddei con Morena.
“Quisieron presentar la idea, a la hora en que salen estos videos y grabaciones en algunos medios, de que ‘el problema era Guadalupe Taddei’ y que ‘Guadalupe Taddei es de Morena’, esa era la narrativa… Por eso es: ¿De dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? No surgió con Taddei. Si realizó un acto ilegal, tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de quien haya participado en la estructura del INE. Pero no nació ahí, discúlpenme. Tiene muchos años y se fortaleció justo en esa época”, declaró.
Enfatizó en que las indagatorias de la ASF y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben de continuar y quienes ya están a cargo del INE deben de garantizar que se transparente toda la información. Incluso comentó que si se encuentran elementos, la UIF también presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República.Sobre el paradero de Taddei y de los contratistas, la mandataria dijo que el asunto no ha sido abordado, pero se presume que aún se encuentran en territorio mexicano.
La secretaria Anticorrupción comentó que la investigación también busca encontrar si estas empresas tienen contratos con las secretarías gubernamentales, a pesar de que estas firmas se concentraban en la comercialización de material electoral.
Buenrostro aclaró que su secretaría no puede aplicar sanciones o inhabilitaciones a las empresas por su comportamiento irregular en entes ajenos, como lo es el INE.
“Sin embargo, estamos haciendo revisión a ver qué contratos pudieran haber aquí en la administración pública para revisarlos, pero hasta ahorita no hemos encontrado contratos y más bien no se puede inhabilitar porque se portan mal en otro lugar, que en este caso sería el INE”, declaró.
Aunque no se pueden aplicar sanciones, dijo que una opción será no establecer ninguna relación comercial con estas firmas.
Así lo hacían
Modus operandi de los empresarios señalados. / Fuente|Gobierno de México
Uso de red de empresas fachada para simular competencia en licitaciones públicas
Obtienen contratos empresas sin capacidad operativa, infraestructura ni empleados en nómina
Uso de sujetos vulnerables como prestanombres para ocultar al beneficiario final
Lavado de dinero y uso de empresas factureras
UIF se reserva nombres de los bloqueados
| Por Yulia Bonilla |
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se abstuvo de confirmar si Guadalupe Taddei Zavala se encuentra entre las 40 personas y empresas cuyas cuentas fueron inmovilizadas por su presunta vinculación con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE).
Consultado sobre si la exconsejera presidenta está en esta lista, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, enfatizó que no se pueden revelar los nombres porque así lo ordena la Ley de Instituciones de Crédito y esta información sólo puede compartirse a las instituciones financieras.
Fuera de ello, señaló, sólo puede enviar los detalles a la Auditoría Superior de la Federación, porque así lo acordaron con un convenio firmado hace dos meses. Además, recordó que esta información forma parte de una investigación en curso, por lo que legalmente no se pueden revelar más informes.
El Tip: Diputados federales del PAN exigieron a la FGR emitir una alerta migratoria contra Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas para evitar que salgan del país.
“Y con respecto a los nombres, la UIF se ve impedida a dar los nombres como tal, derivado del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente la podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras, con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos. Además, al estar la información en una carpeta de investigación también nos veríamos impedidos legalmente”, dijo.
15 Personas morales y 25 físicas indaga la UIF
También aclaró que aún no se tiene precisión sobre cuántas cuentas fueron congeladas, ya que la banca tardará unos días en entregar la información sobre cuántas tenía cada personas o empresa involucrada.
Explicó que se decidió inmovilizar las cuentas a partir de los reportes de operaciones sospechosas que involucran al sector bancario y sujetos obligados, que en este caso serían los hallazgos dados a conocer.
40 Cuentas en total fueron inmovilizadas el miércoles
“Con esos reportes, nosotros trabajamos este análisis. Y si identificamos algún tipo de irregularidad, lo que nosotros hacemos es: buscamos entre nuestras bases de datos y nosotros compilamos, hacemos un análisis y vemos si hay la posibilidad de inmovilizar la cuenta, solicitamos la inmovilización de las cuentas”, dijo.
ASF determinará si llama a declarar a Lorenzo Córdova
| Por Yulia Bonilla |
Será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien determine si Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), es citado a declarar por las contrataciones irregulares para la adquisición de material electoral, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria subrayó que el Gobierno no tiene facultades para girar una instrucción al respecto y que lo único que está dentro de su cancha fue la investigación en fuentes abiertas que expuso la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
“Depende del auditor. Nosotros no somos ni Auditoría Superior de la Federación ni somos Ministerio Público. Nosotros tenemos una serie de atribuciones. Por lo que ha estado saliendo, nos pusimos a investigar y encontramos todo lo que Raquel ha presentado”, dijo. Refirió que quizá ya no se está dentro del plazo para fincar sanciones a responsables anteriores, pero sí para cambiar lo que ocurrirá hacia adelante y evitar que una situación así se repita.
9 Años encabezó Córdova la presidencia del INE
Reiteró su opinión respecto a que el exconsejero Córdova no puede desmarcarse de este conflicto, al reiterar que durante su gestión no emprendió ninguna acción que frenara o modificara las contrataciones con las empresas que abarcaron durante más de dos décadas los servicios al INE.
“Él puede decir: ‘No, no me toca’. No, ¿cómo no?, si tú nombraste a esos consejeros, tú tenías la capacidad de hacer la revisión. Si sabías que había problemas con los organismos locales, ¿por qué no se definieron lineamientos? Pero más todavía: resulta que esos contratistas fueron creados por una persona que hoy es miembro de tu partido político”, dijo.
En cuanto a la responsabilidad de la ASF, dijo que debe trabajar de una manera más proactiva, a pesar de que ya se iniciaron cambios para ampliar sus capacidades para realizar auditorías, además de las que ordena el Congreso.
Somos se deslinda y amaga con presentar una demanda
| Por Yulia Bonilla y Tania Gómez |
El partido Somos anunció que presentará una demanda en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, por los señalamientos con los que se involucró al partido y sus militantes con la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas, hoy cuestionada por las contrataciones irregulares con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Luego de que durante la conferencia presidencial de este jueves el partido fuera vinculado con el origen de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, por medio de uno de sus militantes, Juan Carlos Padilla, el instituto político acusó que esto representa daño moral y difamación, lo cual será el motivo de la demanda.
El Dato: El dirigente de Somos, Guadalupe Acosta, aseguró que si hay fotos con él y los hermanos Casillas renuncia a su partido.
Además, criticó la manera en que desde el Gobierno Federal se ha enfrentado lo que considera como una “profunda y penosa descomposición del INE”, debido a la presunta corrupción en la que se habría incurrido durante la gestión de la exconsejera Guadalupe Taddei Zavala.
“La profunda y penosa descomposición del Instituto Nacional Electoral, debida a la acción corruptora de Guadalupe Taddei y de sus socios, no está siendo abordada con la seriedad ni con la responsabilidad que merece por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum ni de su partido, Morena. Lo que presenciamos, es un enorme golpe a la credibilidad del IFE-INE, el más hondo y oscuro por su naturaleza y extensión, en sus 37 años de existencia”, dijo el partido.
Frente al panorama que atraviesa el INE, comentó que el país carece de un arbitraje electoral confiable y eso pone en riesgo los comicios venideros.
Con relación a la designación que la Cámara de Diputados deberá de hacer para que el INE tenga una nueva presidencia, dijo que el nombramiento debe de salir por consenso de todas las fuerzas políticas.
En otro punto, Somos abrió la puerta a una nueva movilización de organizaciones para “defender” la democracia.
Por su parte, Juan Carlos Padilla, militante de Somos y señalado durante la mañanera como la persona que dio pie a que los hermanos Casillas entraran al escenario político y empresarial, emitió una tarjeta para deslindarse de los empresarios.
Aclaró que cuando fue nombrado como director general del Registro Nacional de Población en la Secretaría de Gobernación en 1980, pidió a un amigo de la Facultad de Derecho de la UNAM que le recomendara jóvenes que pudieran desempeñarse en las labores que requería.
Afirmó que de esa manera fue como conoció a José Alfredo, de quien dijo que hubo un cumplimiento satisfactorio de sus responsabilidades durante los más de diez años que trabajó a su lado.
Padilla aseguró que cuando concluyó sus labores a nivel estatal en 1993 también terminó su relación laboral con Alfredo y sostuvo que desde entonces no volvió a tener ningún contacto con él.
Afirmó que su involucramiento con esta red de empresarios busca desviar la atención y atentar contra el partido en el que milita.
“No tengo ninguna información, posterior a esas fechas, de cuándo, cómo ni con quién haya organizado sus empresas. Es un despropósito de querer desviar la atención y golpear a Somos, al tratar de vincularme con una persona con la que tuve una relación exclusivamente laboral y tengo más de 30 años sin saber nada de él”, dijo.
Buscan consenso para relevo en el organismo
| Por Claudia Arellano y Elizabeth Hernández |
Morena busca un acuerdo con las bancadas de oposición para emitir la convocatoria que permitirá elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), mientras el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió que su partido impedirá físicamente la sesión si se pretende imponer a una persona vinculada con el oficialismo.
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que prevé lanzar la convocatoria la próxima semana, pero insistió en construir un consenso para el procedimiento, la integración del comité evaluador y la designación de quien sustituirá a Guadalupe Taddei.
“No lo hemos hecho porque mi deseo es que salga por consenso. Porque si el PRI, el PAN o el MC o la oposición no están en favor, no vamos a resolver de fondo la situación. Estamos intentando atender los requerimientos y algunas observaciones del PAN, el PRI ya expresó que ellos no irían a apoyar esta convocatoria, y estoy conversando con el MC”, precisó.
Confirmó que existe un primer acuerdo para que la sucesora sea una mujer. Sin embargo, reconoció que las negociaciones no han sido sencillas y que ocho propuestas de modificación presentadas por el blanquiazul obligaron a posponer la aprobación de la convocatoria.
El Dato: El miércoles, la Coparmex lanzó una campaña para exigir que la nueva presidencia del INE sea independiente y surja de un proceso abierto, transparente y basado en mérito.
Hasta ahora no existe una lista oficial de aspirantes ni nombres formalmente postulados por las bancadas. La discusión se concentra en las garantías de independencia de los perfiles, las condiciones de evaluación y las atribuciones de quien encabezará al organismo hasta 2032. La designación se proyecta para diciembre.
“Es tan fuerte el problema en el INE y tanto que hay que investigar sobre irregularidades y corrupción que no vale la pena sacarlo por mayoría; tiene que ser por consenso, igual que el Consejo Técnico, igual que quien resulte la presidenta del INE. Hay que tener paciencia y vamos a intentar resolverlo de la mejor forma”, expresó Monreal.
Aunque previamente había señalado que Morena y sus aliados cuentan con los votos suficientes para sacar adelante el procedimiento, en su mensaje más reciente insistió en atender las observaciones opositoras.
El PAN plantea ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de cargos de dirección partidista para integrantes del Comité Técnico de Evaluación, incorporar observadores de universidades y organizaciones civiles, transparentar las calificaciones y justificar la integración de la quinteta final.También propone devolver al Consejo General facultades administrativas concentradas en la presidencia para recuperar decisiones colegiadas. MC coincide en revisar esas atribuciones y pide que universidades, colegios de abogados y especialistas participen en la revisión de perfiles. El PRI exige una mujer independiente del oficialismo y con solvencia moral. La elección requerirá dos terceras partes de los votos de los diputados presentes en el pleno.
En contraste con la negociación legislativa, dijo por segundo día consecutivo que el PAN recurrirá a militantes y simpatizantes para bloquear la elección si considera que se impulsa una designación partidista. Convocó también a ciudadanos ajenos al blanquiazul a participar en las movilizaciones.
“Vamos a impedir la sesión, a eso me refiero, y si se van a una sede alterna, ahí vamos a impedir la sesión”, expresó Romero. El dirigente sostuvo que el proceso podría avanzar institucionalmente con perfiles imparciales, pero advirtió protestas si se proponen familiares de gobernadores, legisladores o antiguos funcionarios de Morena.
Personal del INE anuncia paro nacional
| Por Tania Gómez |
El personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció un paro nacional de labores para el 9 de noviembre, en protesta por condiciones laborales y salariales. Exige un incremento de 100 por ciento, mejores prestaciones y respeto a sus jornadas.
Las demandas constan en escritos y pliegos dirigidos al Consejo General y a la Junta General Ejecutiva, obtenidos por la periodista Mónica Garza, quien los presentó ayer en Hechos AM, de Azteca Noticias, con Manuel López San Martín.
La comunicadora advirtió que el paro implicaría el cierre de 441 oficinas y afectaría a unos cinco mil 600 funcionarios. El instituto tendría pendiente la renovación de alrededor de 5.4 millones de credenciales, documento clave para trámites bancarios, notariales y hospitalarios. Además, la protesta ocurriría en pleno proceso electoral, cuando corren los plazos para renovar la credencial, cambiar domicilio o tramitarla por primera vez.
Ante el anuncio de la movilización, previo a la sesión del Consejo General del INE, el consejero Arturo Castillo aseguró que el instituto busca establecer contacto con los trabajadores para conocer sus demandas y abrir una mesa de diálogo.
El Dato: Las personas que impulsan el movimiento de actividades acusan que “los de arriba se sirven con la cuchara grande, mientras que a los módulos sólo migajas se les dan”.
“Como consejeras y consejeros estamos abiertos al diálogo y dispuestos a llegar a los acuerdos que sean necesarios”, afirmó. Precisó que, hasta ahora, no existe una notificación oficial sobre el paro por alguna organización de trabajadores.
Loss documentos indican que el personal operativo percibe alrededor de 10 mil 582 pesos netos mensuales, mientras que algunos reciben cerca de mil 800 pesos por quincena, pese a que sus funciones exigen conocimientos especializados para capturar y procesar datos de los ciudadanos. Entre sus tareas están expedir credenciales, actualizar el Padrón Electoral y atender correcciones y aclaraciones, bajo estándares de calidad vinculados con la certificación ISO 9001:2015.
El 6 de mayo de 2026 pidieron ante la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, presidida por Jorge Montaño Ventura, al menos 25 por ciento por encima de la inflación y que la racionalización del gasto no afectara a quienes menos ganan.
También exigen homologar las condiciones en todo el país, pues horarios y turnos dependen de cada Vocalía del Registro Federal de Electores. Denuncian que las vacaciones se interrumpen por auditorías y cursos obligatorios, que se imponen cambios de turno sin considerar necesidades familiares y que las jornadas se extienden, a veces, después de las 21:00 horas, sin compensación y con gastos extra de transporte.
Piden, además, respeto a los días de descanso, reconocimiento de actividades extraordinarias, insumos y equipo suficientes, capacitación dentro de la jornada, reconocimiento de su antigüedad como honorarios permanentes y nombramientos que acrediten su situación laboral.
“No es congruente exigir excelencia en el servicio sin garantizar las condiciones necesarias para alcanzarla”, señalaron. Aseguraron que no buscan privilegios y que “la democracia también se construye con dignidad laboral”.
Desde diciembre de 2025 habían presentado un primer pliego ante la entonces consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, para pedir una mesa de trabajo. El conflicto laboral se suma a la crisis institucional que vive actualmente el INE tras su renuncia, presentada el pasado 26 de octubre en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos y relaciones con proveedores electorales.
