El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció presentó demandas de desnaturalización contra 10 personas acusadas de delitos graves, entre ellos, abuso sexual de menores, fraude a Medicare y migratorio, así como conspiración para distribuir cocaína.
Las acciones fueron promovidas ante distintos tribunales federales durante los últimos 30 días y seis de los demandados son ciudadanos originarios de México. La ciudadanía no ha sido revocada todavía; serán las cortes federales las que determinen si procede o no la desnaturalización.
- El Dato: En Utah, donde se presentó uno de los casos ante la corte federal, líderes comunitarios reportan un aumento en consultas legales de personas naturalizadas.
En un comunicado, el fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que los acusados “obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante mentiras” y que ninguno cumplía con el requisito legal de demostrar “buena conducta moral”.
El Departamento de Justicia argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite revocar la ciudadanía cuando ésta fue obtenida de manera ilegal, mediante el ocultamiento de hechos relevantes o con declaraciones falsas intencionales.
- 16 mil 213 detenciones realizó el ICE del 1 al 11 de julio
Las demandas se presentaron en tribunales federales de Florida, Georgia, Texas, Washington y Utah. Los seis mexicanos demandados son Ceflo Luviano-Mojica, Urbano Vázquez Ortega, Antonio Alcántara-Ruiz, Omar Cantú-Montalvo, Francisco Montano y Martín García Cardiel. Todos los casos se encuentran en etapa judicial y deberán ser resueltos por un juez federal.
Las querellas contra los mexicanos incluyen acusaciones de ocultar antecedentes penales, utilizar identidades falsas, participar en conspiraciones relacionadas con narcotráfico y cometer delitos sexuales contra menores antes o durante el proceso de naturalización.
En varios expedientes, el gobierno estadounidense sostiene que los hechos ocurrieron dentro del período de cinco años en el que los solicitantes debían acreditar buena conducta moral.
El caso de Omar Cantú-Montalvo, por ejemplo, señala que habría participado en una conspiración para distribuir cocaína desde abril de 2005, apenas unos meses antes de solicitar la naturalización. Antonio Alcántara-Ruiz es acusado de haber utilizado documentos de identidad comprados a otro ciudadano mexicano para obtener beneficios migratorios y luego la ciudadanía estadounidense. En los expedientes de Urbano Vázquez Ortega, Francisco Montano y Martín García Cardiel, los requerimientos legales están vinculados con condenas por delitos sexuales contra menores, por los cuales ya existen sentencias penales dictadas por tribunales estatales o del Distrito de Columbia.
En barrios con alta presencia mexicana en Los Ángeles, Chicago, Houston y Salt Lake City, la noticia generó preocupación entre familias migrantes que temen que estos casos se utilicen para reforzar estereotipos contra toda la comunidad.
María Hernández, trabajadora de la construcción en California, pidió que las cortes actúen con imparcialidad: “Si alguien cometió un delito y el gobierno puede probarlo, que enfrente la justicia. Pero que revisen bien cada caso. No pueden tratar a todos los mexicanos como si fuéramos sospechosos”.
En Chicago, José Luis Ramírez, residente naturalizado desde hace más de dos décadas, dijo que el anuncio le recordó el clima de desconfianza que vivieron muchas familias durante administraciones anteriores.
“Nos preocupa que se use un caso para señalar a millones de personas que trabajamos, pagamos impuestos y criamos a nuestras familias aquí. La ciudadanía no debería quitarse por presión política, sino sólo después de un proceso justo”, dijo.
Abogados migratorios consultados por La Razón, explican que la desnaturalización es una medida excepcional. A diferencia de una deportación ordinaria, implica retirar una ciudadanía ya concedida, por lo que el gobierno debe demostrar ante un juez que hubo fraude, ocultamiento de información o ilegalidad en el proceso de naturalización.
La abogada Elena Torres, especialista en litigio migratorio en Texas, dijo que el anuncio del Departamento de Justicia “no equivale a una condena. Las personas demandadas tienen derecho a defenderse, presentar pruebas y cuestionar los argumentos del gobierno. El estándar probatorio es alto porque está en juego la pérdida de la ciudadanía estadounidense”.
La litigante añadió que incluso en casos donde existen condenas penales previas, el tribunal debe analizar si esos hechos fueron ocultados deliberadamente y si tenían relevancia jurídica para la naturalización.
México presenta denuncias por muerte de 17 paisanos
| Por Elizabeth Hernández |
EL GOBIERNO de México abrió una ruta legal en Estados Unidos para esclarecer la muerte de 17 connacionales registrada desde mayo de 2025, durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las acciones abarcan denuncias ante autoridades federales, estatales y de condado, además de una solicitud de intervención a la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La estrategia jurídica incluye 20 denuncias que el embajador Roberto Lazzeri presentó el 13 de julio en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos. Ocho expedientes quedaron en manos de fiscalías estatales y otros 12 llegaron a instancias de condado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas.
Un día después, la Embajada de México trasladó al Departamento de Justicia la denuncia enviada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los 17 casos. El documento llegó mediante el Departamento de Estado, e incorporó una petición formal para “abrir las investigaciones correspondientes” y comunicar al Gobierno mexicano el avance de cada indagatoria.
Funcionarios estadounidenses también recibieron reclamos directos por las condiciones en los centros de detención migratoria. Lazzeri expuso la semana pasada la postura de México ante representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del ICE, con énfasis en instalaciones operadas por compañías privadas.
Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió una carta el 14 de julio al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que pidió recabar información mediante solicitudes de aclaración dirigidas a Estados Unidos. También planteó revisar si los hechos resultan compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos y formular recomendaciones técnicas para prevenir nuevas muertes en operativos o instalaciones migratorias.
Cada procedimiento corresponde a fallecimientos ocurridos en circunstancias distintas, pero la SRE agrupó los expedientes dentro de la estrategia anunciada el pasado 9 de julio por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La dependencia solicitó el esclarecimiento individual de los casos y una respuesta de las autoridades competentes.
