El Gobierno de México expresó al de Estados Unidos su inconformidad por el envío de los connacionales detenidos por su situación migratoria irregular, hacia otros países.
Al ahondar en los temas abordados en su reunión con el embajador de EU en nuestro país, Ronald Johnson, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, comentó que uno de los puntos fue la discrepancia sobre las decisiones que ha tomado el gobierno de Donald Trump al expulsar a migrantes de su territorio.
Durante la conferencia matutina, que esta vez encabezó en sustitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se reportó enferma, la funcionaria dijo que aunque hay respeto por las decisiones que toma el gobierno estadounidense, no se está de acuerdo con que los mexicanos detenidos sean trasladados a países de Centroamérica, cuando México tiene un programa para recibirlos aquí.
“Se habla de otros problemas que tenemos en los temas, por ejemplo, que tienen que ver con el retorno de mexicanos no solamente a México, sino que los están mandando a otros países, como ya es conocido públicamente. Básicamente son enviados en esta nueva decisión de Estados Unidos hacia Guatemala, Honduras y también a Costa Rica.
“Entonces, nosotros manifestamos que respetamos las decisiones que tomen en otros países en política migratoria, pero que no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México, puesto que nosotros los estamos recibiendo de manera directa y con un acuerdo que tenemos con ellos”, dijo.
Hizo hincapié en que se debe de acatar este acuerdo y también afirmó que esta postura fue expresada de manera firme, pero con respeto con el embajador.
“Nosotros los estamos recibiendo inmediatamente en diferentes aeropuertos y también por la frontera norte. Entonces, que, si hay un acuerdo, sigamos en ese acuerdo, que no necesitamos que los envíen a un tercer país. Entonces, se habló sobre eso de manera firme, respetuosa, pero firme, para decirles que no estamos de acuerdo con esa decisión”, dijo.
Durante la conversación también comentó con el embajador sobre la baja de 96 por ciento en los indicadores de migración irregular de personas de otros países en la frontera con México.
“El Instituto Nacional de Migración (INM), con CBP, con las autoridades migratorias, están en el día a día en esta tarea precisamente de tratar nosotros, de parte del Gobierno mexicano, con respeto a los derechos de la población migrante”, dijo.
En un informe con corte al 13 de agosto, el INM reportó que desde el 20 de enero, fecha en que inició el gobierno de Trump y su política antimigratoria, se han deportado a 271 mil 193 connacionales; no obstante, esta cifra sólo habló de los que sí han llegado al territorio mexicano.
El 95 por ciento de los repatriados son originarios de los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.
Envió de paisanos desde EU a Guatemala escala 15,000%
| Por Elizabeth Hernández |
Estados Unidos ha enviado al menos a dos mil 284 mexicanos deportados a Guatemala en lo que va del año, una cifra que contrasta con los 15 casos registrados durante todo 2025, lo que representa 15 mil 126 por ciento, o 152 veces la cifra del año pasado.
Así lo confirmó el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, quien detalló que los connacionales llegan en vuelos de personas de su país retornadas y permanecen menos de 24 horas antes de ingresar a territorio mexicano.
El Dato: En 2025, el gobierno de Arévalo firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes de otras naciones de Centroamérica deportados por esa nación.
Arévalo no precisó desde qué fecha comenzó a crecer el flujo ni cuántos vuelos han incluido a personas de esa nacionalidad. Explicó que Guatemala permite su entrada únicamente como punto antes de continuar el recorrido hacia México.
“Es una escala de tránsito”, afirmó en conferencia, en la que señaló que el procedimiento se realiza en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas.
El mandatario rechazó que la recepción de estas personas forme parte de un mecanismo de refugio con Estados Unidos. “No hay ninguna permanencia, no hay ningún refugio, no hay ninguna figura que se pueda considerar como una figura que constituye un tercer país seguro”.
42 connacionales llegaron ayer a la capital de Guatemala
Sobre el traslado posterior, el presidente indicó que los costos son cubiertos por México o, en determinados casos, por Estados Unidos. No detalló qué criterios definen qué gobierno asume el gasto ni ofreció información sobre el monto destinado a esos movimientos.
El mandatario tampoco mencionó un acuerdo específico con Washington que establezca la recepción de ciudadanos de terceros países. Su explicación se concentró en el carácter temporal de la estancia y en la coordinación con México para completar el ingreso.
Arévalo reiteró que las personas trasladadas no permanecen en Guatemala más allá del periodo establecido para continuar su viaje. “Nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito”, sostuvo ante los cuestionamientos sobre esta práctica que ya ha generado rechazo entre las autoridades migratorias de México.
SIGUE LLEGADA. Este viernes, EU envió a otros 42 mexicanos a Guatemala, sumando casi dos mil 400 deportados a la nación centroamericana en lo que va del año, un cambio en relación con lo que ocurría al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump cuando estos traslados eran mínimos.
En un avión procedente de Texas, los mexicanos fueron separados de 80 guatemaltecos que también fueron deportados en el mismo vuelo. Fueron atendidos en el Centro de Recepción de Personas Guatemaltecas Migrantes Retornados, ubicado en la capital del país, donde recibieron atención médica y sanitaria, además se les ofreció agua, café y pan dulce.
Sentados en una sala, trabajadores de migración les explicaron el procedimiento de registro a su ingreso al país y luego les entregaron sus pertenencias. Los mexicanos estaban identificados con brazaletes verde y blanco, mientras que los guatemaltecos venían con trajes deportivos usados en los centros de detención de EU.
Las autoridades del consulado mexicano en Guatemala pidieron a los migrantes no hablar con la prensa que buscaba sus impresiones sobre la deportación. Tras recibir sus pertenencias, los migrantes mexicanos fueron subidos a un autobús blanco del Instituto de Migración de Guatemala y enviados en un viaje por carretera de unas siete horas hasta la frontera de Tecún Umán, en Guatemala, y Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
El instituto confirmó el viernes que EU también está deportando desde 2026 a guatemaltecos a países como Costa Rica, Ecuador y Paraguay, como parte de su política migratoria de devolver a migrantes a través de otras naciones.
Carlos Woltke, subdirector general de la dependencia, dijo que la recepción de mexicanos en Guatemala era en “consideración de la reciprocidad por la misma atención que le brindan las autoridades mexicanas a los guatemaltecos que son retornados vía terrestre”.
El funcionario añadió que el Centro de Recepción de Migrantes tiene capacidad para recibir cinco vuelos diarios con 135 personas por vuelo y darle una atención adecuada. Señaló que Guatemala es uno de los países que reciben migrantes deportados diariamente porque se prefiere que estén en su país y no en un centro de detención.
En el limbo, paradero de más de 340 connacionales llevados a Honduras
| Por Claudia Arellano |
Al menos 348 mexicanos deportados por Estados Unidos fueron trasladados a Honduras, pero no existe información pública clara sobre dónde se encuentran, bajo qué autoridad permanecen o cuál es su situación migratoria.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Héroes Migrantes, alertan sobre el riesgo de que estos retornos a terceros países se conviertan en una zona de opacidad para personas que deberían regresar a México.
“La deportación de mexicanos desde Estados Unidos dejó de significar necesariamente un vuelo directo hacia territorio nacional”, dijo Amalia Carrasco, integrante de la organización.
En medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, ciudadanos mexicanos han comenzado a ser enviados a terceros países de Centroamérica.
Guatemala se ha convertido en el principal receptor: autoridades reconocieron que alrededor de dos mil 300 mexicanos deportados por EU llegaron a ese país durante 2026 y que, según el gobierno de Bernardo Arévalo, son trasladados posteriormente a México en un plazo aproximado de 24 horas. Pero para las organizaciones migrantes, el caso de Honduras plantea una interrogante mucho más difícil de responder.
“¿Dónde están los mexicanos que fueron enviados a ese país y qué ocurrió con ellos después de su llegada?”, cuestionó la activista Carrasco.
La defensora de derechos humanos Itsmania Platero señala que 348 ciudadanos mexicanos deportados desde EU ingresaron a Honduras durante este año en distintos momentos y en al menos tres bloques, “y posteriormente dejaron de aparecer en registros públicos sobre su ubicación o situación migratoria”.
271 mil mexicanos han sido repatriados de EU desde 2025
La información disponible apunta a que alrededor de 350 personas retornadas fueron llevadas inicialmente al Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), en San Pedro Sula. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de la defensora, Honduras no ha explicado públicamente qué autoridad asumió después su custodia, hacia dónde fueron trasladados ni bajo qué condición permanecen en el país.
“Durante años, los mexicanos expulsados de Estados Unidos eran enviados directamente a México. Ahora, Washington ha recurrido con mayor frecuencia a acuerdos o mecanismos que permiten trasladar a personas deportadas a países distintos a su nacionalidad”, dijo Platero.
Así, y mientras Guatemala ha hecho pública la recepción de los mexicanos y asegura que posteriormente son enviados a territorio mexicano, en Honduras persiste una zona de incertidumbre alrededor del destino de los 348 connacionales.
Una persona deportada de EU debería conocer cuál es el destino al que será trasladada y qué autoridad tendrá responsabilidad sobre su integridad una vez que abandone territorio estadounidense, refirió.
Pero cuando una persona es trasladada a un país que no es el suyo, aparecen nuevas preguntas, añade: ¿qué estatus migratorio adquiere?, ¿puede solicitar protección?, ¿puede abandonar el país?, ¿quién debe garantizar su seguridad?, ¿qué ocurre si necesita asistencia consular?, ¿y qué autoridad responde
si desaparece?
Efraín Jiménez, coordinador general del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes, explicó que el miedo ha modificado actividades tan cotidianas como acudir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela o salir a comprar alimentos.
“Todos los días temen ir al trabajo, recoger a los niños… Salir a la calle a hacer la compra es un reto y ahora mandándote tan lejos, ni a tu país a otro país peor es el miedo. Aquí el que se duerme acaba deportado”, señaló Jiménez al describir la situación de las familias mexicanas.
El activista dijo que el dilema es brutal: “Quedarse significa exponerse a una posible detención; regresar voluntariamente significa abandonar el trabajo y la vida construida durante años. El miedo también alcanza a quienes tienen una vida hecha en Estados Unidos”.
El caso de Jesús Juárez Cruz, un mexicano indocumentado que vivía en California, muestra hasta qué punto el miedo puede modificar las decisiones más básicas. Durante meses evitó acudir al hospital pese al deterioro de su salud porque temía que una visita médica pudiera ponerlo frente a agentes migratorios y terminar en su detención. Murió en febrero de 2026. Su esposa, Guadalupe, relató el progresivo deterioro de Jesús y la angustia que provocó que el miedo a ICE terminara alejándolo de los servicios médicos que necesitaba lo peor dice “él tenía miedo de que lo llevaran a otro país donde no conociera a nadie y sin un quinto”.
Feligreses mexicanos son los más expuestos al ICE
| Por Claudia Arellano |
La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito confirmó esta semana una orden que obliga al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y sus agencias, a respetar, en determinados lugares de culto, las restricciones que existían bajo la política de 2021, en un contexto en el que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operaciones en iglesias para detener a inmigrantes indocumentados.
La orden, confirmada el pasado 19 de agosto, impide a las agencias aplicar leyes migratorias en ocho lugares de culto vinculados con organizaciones religiosas que promovieron una demanda contra el gobierno de Donald Trump.
La querella fue presentada por seis organizaciones de la Sociedad Religiosa de los Amigos (cuáqueros), además de la comunidad sij de Sacramento. A ellos se suman iglesias bautistas cooperativas.
En entrevista con La Razón, el pastor Roger Moore, señaló que la preocupación para su comunidad se centra en los mexicanos, que representan alrededor de ocho de cada 10 migrantes en las iglesias.
“Nuestro mayor numero de feligreses son de origen mexicano, actualmente en nuestra iglesia de cada 10 asistentes ocho son de origen mexicano, por lo que la decisión adoptada por un panel unánime de tres jueces, que dejó vigente la orden emitida previamente por un tribunal federal, es un tirunfo para todos.
“La protección judicial no significa que todos los templos, iglesias, mezquitas, sinagogas y demás lugares de culto de Estados Unidos hayan obtenido automáticamente una prohibición nacional contra los operativos de ICE. La orden se encuentra vinculada a los demandantes de este litigio”, dijo el religioso.
Yaneth Contreras, abogada migrante, dijo que el conflicto tiene su origen en una política que durante años estableció límites para que las autoridades migratorias evitaran realizar acciones en lugares considerados sensibles.
Dayana Gómez, activista de origen mexicano, dijo que las organizaciones religiosas que demandaron al gobierno argumentaron que “los templos (también) son lugares donde comunidades migrantes reciben acompañamiento, alimentos, orientación y apoyo”.
La preocupación, dijo, es que la posibilidad de encontrar agentes afuera de una iglesia provoque que familias dejen de acudir, incluso cuando necesitan participar en actividades religiosas.
