La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una reforma clave al programa de créditos de vivienda social, con la que el Gobierno de la Ciudad de México otorgará el financiamiento completo a personas de bajos recursos, eliminando así el requisito de cubrir un porcentaje inicial del valor de las viviendas.
Durante la entrega de 196 viviendas de interés social en Coyoacán, Brugada informó que se modificarán las reglas de operación del programa para evitar que las familias beneficiarias tengan que aportar un 30% inicial, como sucedía hasta ahora. “En los próximos créditos no habrá excedente que pague la gente, sino que el Gobierno de la Ciudad otorgará el crédito completo”, afirmó.
Las viviendas entregadas se ubican en un conjunto habitacional sobre Calzada de La Virgen 2771, en la zona de Coapa, y tienen una superficie de entre 60 y 65 metros cuadrados. El costo promedio por departamento fue de 846 mil pesos, a pagar en un plazo de 20 años mediante un esquema de crédito social. El proyecto requirió una inversión de 170 millones de pesos, según precisó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, quien acompañó a Brugada en el evento.
Expropiaciones y control del mercado de vivienda
El anuncio se da en un contexto donde el Gobierno capitalino ha intensificado su estrategia para garantizar el acceso a la vivienda social. A través de diversos decretos de expropiación publicados en mayo en la Gaceta Oficial, se han destinado varios predios en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo al desarrollo de vivienda popular.
Entre los inmuebles expropiados destacan ubicaciones estratégicas como:
- Calle Roldán 24, colonia Centro (Cuauhtémoc)
- Segunda privada Tula 11, Santa María Malinalco (Azcapotzalco)
- Xavier Villaurrutia 25, colonia Paulino Navarro (Cuauhtémoc)
- Felipe Carrillo Puerto 126, colonia Anáhuac (Miguel Hidalgo)
En total, son ocho predios expropiados con superficies que van desde los 138 hasta los 385 metros cuadrados.
Además, como parte de esta política integral, el Gobierno de la Ciudad publicó el 27 de diciembre de 2024 una reforma al Código Fiscal que obliga a los propietarios de inmuebles con valor superior a 4.5 millones de pesos a presentar una declaración informativa sobre el uso habitacional de sus propiedades. Esta medida busca actualizar el padrón catastral y facilitar la planificación urbana.
Un nuevo modelo de vivienda social
Brugada enfatizó que los créditos están dirigidos a personas que tradicionalmente no acceden a financiamiento bancario: “Queremos que los créditos que otorga el Gobierno de la Ciudad sean para la gente que no tiene recursos, que no puede pagar un crédito comercial por ser pobre”, dijo.
La política habitacional actual refleja un cambio en el modelo de desarrollo urbano, con el Estado como actor principal en la producción de vivienda, al mismo tiempo que se combate la especulación inmobiliaria y se protege el derecho a la vivienda digna.
