La Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sentenció al empresario Claudio Xavier González Guajardo –principal opositor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– a pagar impuestos por 16.8 millones de pesos, que presuntamente había evadido mediante argucias legaloides.
El caso se ventiló en el expediente 15836/19-17-08-3. Un oficio fechado en la Ciudad de México, el 8 de enero de 2021, da cuenta que la sentencia en contra del fundador de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad quedó en firme desde el 6 de octubre de 2020.
Así, el principal promotor de campañas de desprestigio en medios de comunicación y redes sociales en contra del gobierno de López Obrador deberá pagar el crédito fiscal por 16 millones 837 mil 399.26 pesos que adeuda desde 2014, cuando en la Presidencia de la República estaba el priísta Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el juicio de nulidad 15836/19-17-08-3 presentado ante la Octava Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, González Guajardo y su equipo de abogados han hecho uso de todas las argucias legales, como solicitar amparos ante la justicia federal para evitar pagar los impuestos que adeudaba como persona física, correspondientes a los ingresos que percibía como presidente fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El líder moral de la alianza de grupos empresariales con partidos opositores (PRI-PAN-PRD) para instrumentar y sus programas sociales de gobierno, Claudio Xavier González Guajardo impugnó la resolución del Servicio de Administración Tributaria en el expediente 15836/19-17-08-3. En ese procedimiento legal, aseguraba que “con la documentación aportada durante la etapa de fiscalización y en el recurso de revocación se acreditaba el origen de los depósitos bancarios en cantidad de 19 millones 91 mil 476.53 pesos y, en razón de ello, estimó parcialmente fundado el agravio formulado por la recurrente, hoy actora, para el efecto de que la autoridad fiscalizadora valorara, nuevamente, la información en su momento aportada”.
Otro argumento de Claudio X González que la autoridad judicial desechó fue “que la controversia a dilucidar consiste en determinar si acreditó el origen de los depósitos bancarios en cantidad de 19 millones 91 mil 476.53 pesos, siendo que tales depósitos de las empresas subsidiarias de Grupo Televisa, SA, para la cual prestó sus servicios, y que al tener su origen en la citada caja de ahorros, dichos ingresos se encuentran exentos del impuesto sobre la renta, de conformidad con la fracción XI, del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”.
La disputa entre Peña Nieto, Claudio X y el SAT
En el sexenio pasado, por instrucciones del entonces presidente Peña Nieto y del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el SAT abrió auditorías al corporativo trasnacional Kimberly Clark y a sus accionistas Claudio X González Laporte (padre) y Claudio X González Guajardo, así como a todas las asociaciones civiles y empresas en donde ambos participaban.
Ello, tras el rompimiento entre ese grupo empresarial y el gobierno peñista, debido a que los empresarios se resistían a pagar impuestos. En ese contexto, Meade Kuribreña solicitó al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se abriera un expediente en contra de esa familia, sus empresas y asociaciones.
Auditorías a Kimberly Clark y MCCI
Actualmente, como a todos los grandes contribuyentes, el SAT revisa las actividades de Kimberly Clark y de Mexicanos Contra la Corrupción mediante una serie de auditorías. En este caso, se investigan movimientos de fuertes cantidades de dinero y el posible mal uso de donativos. Entre otras cosas, se revisa la legalidad de los elevados salarios a directivos y empleados de la asociación civil; así como el traspaso de dinero a despachos de abogados; consultores y asesores, cuando el trabajo que deberían hacer es de voluntariado, es decir, personas que desinteresadamente hacen su labor, e incluso a paraísos fiscales.
Hasta ahora se revisan varios ejercicios fiscales antes de que prescriban, como son 2017, 2018, 2019 y 2020. El SAT tiene posibilidades de revisar la situación financiera de cualquier contribuyente, sea persona física o moral, hasta 5 años atrás.
Los auditores del SAT también han puesto el ojo en las inmobiliarias relacionadas con MCCI y que han sido utilizadas para la triangulación de recursos sin el pago de impuestos correspondientes.
En el caso del corporativo de papel Kimberly Clark, el SAT le abrió auditorías igual como lo está haciendo con todos los grandes contribuyentes para evitar que eludan sus obligaciones fiscales. En cuanto dieron aviso a la empresa que serían auditados, ésta se adelantó y envió un cúmulo de papeles para hacer más difícil la labor de auditoría.
