Un grupo de 49 senadoras y senadores del PAN, PRD, el Grupo Plural y Movimiento Ciudadano presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para impugnar el decreto que entrega la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, explicó que la impugnación busca dar marcha atrás a la militarización de ese corporación que fue creada al inicio de este sexenio para estar bajo el mando civil, destacando que se trata de una norma que es contraria a la Constitución y viola derechos humanos, ya que también prevé liquidar a los ex agentes de la Policía Federal que aceptaron incorporarse a la nueva corporación.
Rementería del Puerto aclaró que esta acción de inconstitucionalidad impugna el Decreto en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de septiembre de 2022; por lo que se trata de una impugnación diferente a la que podría presentar ese mismo grupo de senadores contra la reforma recién aprobada que prevé mantener a los elementos castrenses en labores de seguridad pública hasta el 2028.
Sobre las reformas aprobadas el pasado 9 de septiembre, el senador del PAN sostuvo que “desplazan” a los miembros de la policía civil para que la Guardia Nacional quede bajo estricto control militar y sin que esté obligada a coordinarse con las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno.
Por lo anterior, Julen Rementería hizo un llamado a las y los ministros de la Suprema Corte para que resuelvan con celeridad esta impugnación, y revoquen el decreto de ley que militariza el control de la Guardia Nacional, misma que fue creada en 2019 como un cuerpo policiaco de carácter civil que iba a estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La acción de inconstitucionalidad argumenta que militarizar la Guardia Nacional viola el artículo 21 constitucional, ya que al estar adscrita a la Sedena, sus propios mandos serían militares y no civiles como se acordó durante su creación.
Además, se argumenta que el decreto excede “las atribuciones del Congreso de la Unión” al modificar sin un límite claro, la Administración Pública Federal centralizada, derivado someter a la Guardia Nacional bajo control castrense.
También advierte que se viola el régimen transitorio de creación de la Guardia Nacional del 2019 que preveía el uso transitorio de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, convirtiendo un régimen extraordinario en permanente.
Una cuarta violación constitucional, que se esgrime en el escrito de impugnación, es que se viola la garantía de salvaguarda federal, contenida en el artículo 119 constitucional, el cual prevé que los Poderes de la Unión deben proteger a las entidades federativas cuando así lo soliciten las legislaturas locales o los gobernadores de cada entidad federativa.
Por último, se argumenta que el decreto impugnado incurre en una presunta suspensión de las garantías individuales previstas en la Carta Magna, al no respetar las condiciones que prevé el artículo 29 constitucional, para adoptar dicha medida.
