Crear mejores condiciones para que las instituciones de educación superior en el Estado alineen su oferta educativa a las necesidades de los sectores productivos sonorenses, a través de un Consejo Estatal de Vinculación, aprobó la LXII Legislatura mediante Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Sonora.
A dicha legislación también se le adicionó una disposición para que las autoridades estatales en materia educativa cuenten con herramientas jurídicas expresas para sumarse al combate a la delincuencia, al establecer en el Artículo 71 relativo a los contenidos para opinión de los planes y programas de estudio, el fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, y el fomento de la cultura de la prevención del delito.
En esta sesión ordinaria, que se realizó de manera virtual, esta Soberanía resolvió exhortar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que, de manera inmediata, emita lineamientos en los que se incorporen los criterios del “3 de 3 contra la violencia”, a fin de que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres, en razón de género.
El primer Decreto aprobado fue presentado por la Comisión de Educación y Cultura, que con base a una iniciativa que la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada presentó el 27 de febrero de 2020, establece como uno de los fines de la educación en la entidad la vinculación de las instituciones de educación superior con su entorno social, a fin de propiciar su desarrollo y el mejoramiento en la calidad de vida.
“Y, a su vez, los empresarios locales puedan ofrecer más y mejores oportunidades en el ámbito laboral a los jóvenes egresados de dichas instituciones, evitando la migración de nuestros talentos hacia otras partes del país o del extranjero”, establece uno de los considerandos del dictamen, en el cual también destaca que la Secretaría de Educación y Cultura promoverá la vinculación mediante la conformación de un Consejo Estatal que se integrará por representantes estratégicos del sector educativo, gubernamental, social, cultural y empresarial.
El Consejo Estatal de Vinculación tendrá atribuciones para evaluar los planes y programas de estudio, con el objeto de revisar sus alcances y determinar las áreas de mejora de los mismos, y para emitir opiniones sobre las propuestas de nuevas carreras, entre otras.
La Comisión de Educación y Cultura presentó un segundo dictamen que adiciona diversas disposiciones al Artículo 71 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, con el objeto de que las autoridades estatales en materia educativa cuenten con herramientas jurídicas expresas para sumarse al combate a la delincuencia, mediante la educación de los jóvenes en materia de prevención del delito.
Esta iniciativa la presentó el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz el 3 de octubre de 2019, con el propósito de facultar a la SEC para que impulse incluir en los planes o programas de estudios la cultura de la prevención del delito, con la finalidad de permitir que la sociedad se desarrolle en un ambiente armónico y seguro, que permita el bienestar y desarrollo pleno.
Se establece en el Decreto que además de los anteriores preceptos, se consideren los necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, establecidos en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprueban Acuerdo y turnan iniciativa a comisión
En su participación ante el Pleno, la diputada María Dolores Del Río Sánchez expuso que la propuesta “3 de 3 contra la violencia” consiste en que las y los aspirantes a una candidatura no se encuentren en ninguno de los supuestos siguientes: no contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procedimiento, y en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y, en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.
Informó que el pasado 10 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo INE/CG517/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres, en razón de género.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez presentó una iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción III del Artículo 230 del Código Penal para el Estado de Sonora, en materia de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y para asegurar su pleno desarrollo.
“Es necesario erradicar la desigualdad de género en todos los aspectos, pero en el ámbito que nos corresponde, es necesario derogar disposiciones legales que constituyan un acto de discriminación contra la mujer, asegurando el pleno desarrollo y adelanto de la mujer”, expresó.
La diputada Gaytán Sánchez agregó debe derogarse la fracción III del Artículo 230 de la legislación punitiva, la cual atiende a la reproducción de estereotipos de género, asumiendo lo que es propio entre hombres y mujeres, en perjuicio de ellas y en provecho de ellos, además de que representa un acto de discriminación al suponer consecuencias de pena privativa de la libertad, donde solo la mujer es sancionada.
La referida fracción establece que a la mujer que contraiga matrimonio antes del vencimiento de los términos en los que la Ley establece prohibición, para los casos de nulidad de matrimonio o divorcio, se le impondrá una pena de tres días a un año de prisión o multa de 20 a 250 Unidades de Medida y Actualización. Se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
En el penúltimo punto del orden del día, la diputada María Magdalena Uribe Peña presentó un posicionamiento en relación al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el cual hizo una invitación a sus compañeros legisladores para que impulsen su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
“Una inclusión verdadera sin ningún tipo de discriminación; una inclusión real y sin dificultades ante su situación, que les permita desarrollarse a plenitud y con felicidad, aportando su esfuerzo personal a la construcción de la sociedad igualitaria y justa a la que todos aspiramos”, aseveró.
