LA PAZ.
Dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales, que habían sido detenidos a pesar de que México les había concedido asilo, pudieron salir del país hoy después que el gobierno boliviano revirtió su posición inicial ante fuertes críticas internacionales.
El exministro de Minería, César Navarro, y el exviceministro Pedro Damián Dorado fueron detenidos antes de abordar el avión por funcionarios policiales para que respondan por cargos que les habían formulado las nuevas autoridades bolivianas.
Tras permanecer unas horas en oficinas policiales, fueron nuevamente llevados hasta al aeropuerto de La Paz donde abordaron, el sábado al mediodía, un avión que los trasladó a Perú y de allí a México.
Diplomáticos de la Unión Europea, el encargado de negocios de México y un obispo católico acompañaron el traslado, según las imágenes de televisoras locales.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, atribuyó el “incidente” a una “falta de coordinación entre el Ministerio Público y la policía” que al parecer no estaban informados.
El gobierno comprometió la fe del Estado al concederles salvoconducto y están autorizados a salir del país”, dijo Murillo en declaraciones a medios locales.
La detención de Navarro y Dorado motivó fuertes críticas, incluso del gobierno de Argentina que a través de un comunicado condenó y denuncio violación al derecho de asilo.
Desde ese país, donde está asilado, Morales exigió, a través del Twitter, “respeto al derecho internacional” y dijo que “hasta en las peores dictaduras se respetaban los salvoconductos”.
Expresidentes del país también criticaron la actuación de la policía.
Navarro está acusado, entre otros delitos, de “uso indebido de influencias y falsedad” en relación con el fraude electoral en las elecciones anuladas del 20 de octubre que precipitaron la renuncia de Morales.
Dorado tiene procesos por malversación de fondos públicos y tráfico de tierras.
Estaban refugiados en la embajada de México en La Paz junto a otras exautoridades, entre ellos el exministro Juan Ramón Quintana, brazo derecho del Morales a quien el gobierno niega salvoconducto y lo acusa de sedición.
El nuevo gobierno liderado por la presidenta interina Jeanine Añez inició procesos a varios funcionarios del anterior gobierno, incluso a Morales al que acusa de sedición y terrorismo.
El expresidente renunció en noviembre tras casi 14 años en medio de fuertes protestas que lo acusaron de fraude electoral y después de que la policía y las Fuerzas Armadas le retiraran su apoyo.
El incidente se produce en un agitado clima electoral con miras a las nuevas elecciones presidenciales del 3 de mayo en las que el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), afrontará la contienda sin su líder, frente a varios rivales de los partidos tradicionales que, divididos, buscan copar el vacío político dejado por el exmandatario
