Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Iñaki Blanco Cabrera, exprocurador general de Justicia de Guerrero, y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad de esa entidad, durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, por los delitos de delincuencia organizada y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Este viernes, el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, Enrique Beltrán Santés, ordenó la captura de ambos exfuncionarios, a quienes se señala de estar implicados con el grupo criminal Guerreros Unidos, así como los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los normalistas.
Las órdenes de captura contra los exfuncionarios en la administración del exmandatario guerrerense, forman parte de las que un juez ya había liberado el pasado 19 de agosto, como parte del Caso Iguala, en donde se han realizado hasta el momento siete, entre ellas las de cuatro elementos del Ejército, quienes están en una prisión militar.
Iñaki Blanco fue quien realizó las primeras diligencias de los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, hace ocho años, como se establece en la causa penal 15/2022.
Las declaraciones en contra del exprocurador de Justicia por el presunto delito delincuencia organizada, están basadas en las declaraciones del testigo protegido Juan “N”, quien es operador del grupo delictivo Guerreros Unidos quien lo señala de que le eran enviado recursos económicos por parte de esa organización.
El mismo señalamiento es en contra del extitular de Seguridad Pública del estado, a quien el mismo testigo protegido los acusa de haber recibido dinero de la organización que operaba en esa entidad.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Gilberto López Astudillo, alias El Gil, declaró que el grupo criminal Guerreros Unidos “entregaba mensualmente 50 mil dólares a Iñaki Blanco y a Leonardo Vázquez”, como parte de las operaciones que mantenían.
Acusada de delitos contra la administración de justicia, el juez habría girado también otra orden de aprehensión contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), Lambertina Galeana Marín. Según la acusación, la magistrada sería señalada de haber perdido u ocultado los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Igauala, de los hechos registrados el 26 de septiembre de 2014.
Por el mismo delito se giraron órdenes de captura contra Luis Europa Solís Jiménez, ingeniero en sistemas de cómputo, y Javier Uribe Iturbe, programador analista, los dos del TSJG, ya que ellos fueron señalados de desaparecer el citado material videográfico.
El juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales giró órdenes de aprehensión contra más de 80 personas el pasado 19 de agosto, dentro de la causa penal 15/2022.
Como parte de las órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y mandos militares, sólo siete han sido cumplimentadas, entre las que destacan la del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.
Los mandos militares detenidos son general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería; el subteniente Alejandro Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel, y el capitán José Martínez Crespo.
Encinas gestiona ante PJ revelar lista con nombres de involucrados
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que los “testaferros” de la verdad histórica, han tratado de descalificar el informe presentado por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“La respuesta de los defensores de la verdad histórica era de esperarse, tratando de descalificar el informe, señalando que era lo mismo que la verdad histórica, pero ahora ya hay las primeras detenciones que se han derivado tras el informe. Se construye, sin torturar y violar la ley, una narrativa pegada a la ley que se debe profundizar”, destacó.
En Palacio Nacional dijo que se espera que se concreten las 46 órdenes de aprehensión que fueron dadas a conocer en el pasado informe de la Comisión, pues al momento se ha iniciado procedimiento en contra de cuatro militares y algunas de esas personas también ya fueron detenidas, sin dar a conocer los nombres.
En este tenor, aseguró que no tienen indicio de participación del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en los días efectivos en que se hizo la desaparición.
“Ya han sido detenidas algunas de las 46 personas que mencionamos en el informe, por ello tenemos certeza de que se puedan iniciar procesos.
“Esperamos que se concreten los procesos en contra de los militares, ya que hay procesos que no fueron bien sustentados por las autoridades; la Corte asegura que no es culpa del juez, sino de la Fiscalía General de la República (FGR) al no integrar bien los expedientes”, explicó el subsecretario.
Detalló que la justificación del Poder Judicial para liberar a las personas, es que se han fincado malos procesos con muchas deficiencias jurídicas. De esta manera, dijo que ha habido una avalancha de defensores de la verdad histórica tratando de descalificar el informe, a pesar de los avances.
Y explicó que se han entregado más de 80 millones de llamadas analizadas, con cruces entre Guerreros Unidos y funcionarios, pero aclaró que sólo es una parte de la investigación, pues muchas pruebas están sustentadas por la unidad especial de la FGR y anunció que pronto presentarán un segundo informe sobre los trabajos de la comisión.
“Hemos presentado toda la información y las evidencias sobre las cuales fundamos, y seguimos acopiando mayor información, mayores evidencias”, señaló.
En torno al amparo presentado por Jesús Murillo Karam para que no se le indague por el caso Ayotzinapa, indicó que seguramente la FGR apelará, además, que en breve comenzarán nuevos procesos en contra de más personas.
Alejandro Encinas criticó la actuación de algunos jueces, pues, si bien hay fallas en la creación de los expedientes, hay casos de liberación de personas por multas de diez mil pesos, a pesar de que responsabilidad está acreditada.
va denuncia penal contra juez por liberaciones. Las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana presentaron una denuncia penal contra el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por la liberación de 24 personas relacionadas con la desaparición de los normalistas.
Este viernes se presentó la denuncia formal por delitos contra la administración de la justicia y lo que resulte ante la FGR, quien deberá investigar.
“Hace unos días, el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se mantiene en estado vegetativo”, expuso en un comunicado la SSPC.
La dependencia explicó que los imputados no obtuvieron su libertad, gracias a que enfrentaban otras acusaciones de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Este mismo juez , dice la dependencia, “dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos”.
Protesta, vía de presión, dice madre
María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández, uno de los normalistas desaparecidos en el caso Ayotzinapa, aseguró que el hartazgo y preocupación de las familias de los normalistas ausentes es que no se han ejecutado todas las órdenes que prometió en el Gobierno federal.
Por ello, a ocho años del caso, han aumentado el nivel de sus protestas, porque “es la única manera de ejercer presión y que las autoridades les presten atencion”.
“Por lo visto demostramos que sólo cuando aumentamos el nivel de la protesta es cuando nos hacen caso, porque apenas dejamos tantito, ya no hacen nada; parece que a ellos les gusta que andemos detrás de lo que hacen. Nosotros ya estamos hartos y por eso estamos cansados de que nos den largas en el caso”, indicó.
La madre mencionó en torno a la detención del exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, que se debe detener a todos y no sólo a unos cuantos, debido a que se prometieron 86 órdenes de aprensión, pero en los hechos solo se han ejecutado unas cuantas.
“A mí, como mamá, me gustaría que detuvieran a todos los responsables, pues si dicen que hay 83 órdenes de aprehensión los de la Comisión, por qué no las han ejecutado todas. Es lo que hemos estado exigiendo todos los días, pero no queremos que los detengan y los saquen rápido porque no se vale que vayan sin decir la información que tienen. A nosotros eso no nos ha gustado porque la verdadera preocupación y hartazgo es que no, nos han dicho dónde están nuestros hijos”, indicó.
En entrevista con La Razón, reprochó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en semanas anteriores que el caso de la desaparición de los normalistas ya estaba resuelto, sin embargo, criticó que no hay indicios de su paradero hasta la fecha.
“Nosotros no vamos a cambiar nuestra postura, más bien lo que vamos a hacer es reforzarla, pues ahora que han detenido a cuatro de los soldados implicados, podemos reforzar lo que dijimos desde un inicio, que la responsabilidad directa es de ellos. Fueron los militares los que participaron en el caso, además ya lo aceptaron, por ello no podemos quedarnos así, sino aumentar el nivel de la protesta”, indicó.
María Martínez dijo que el Gobierno federal prometió ejecutar a la brevedad las órdenes de aprehensión, una vez que las dieron a conocer, pero no lo hicieron de manera adecuada, pues si bien han sido pacientes, no les hacen caso y sobrellevan el caso.
Finalmente, la madre de Miguel Ángel Hernández aseveró que si su hijo perdió la vida, las autoridades le deben entregar sus restos completos y no sólo huesos, pues se niega a firmar algún documento que le señale que es su hijo, cuando puede que no sea así, para terminar el tema de la búsqueda.
“A mí si me van a decir que mi hijo falleció, que me entreguen los restos, no me van a decir que me entregan un hueso de cinco centímetros y que les firme un documento”, agregó.
En esta semana los normalistas han intensificado su protesta y vandalizado la Embajada de Israel, la Fiscalía General de la República y el Campo Militar 1 del Ejército Mexicano.
