Con la finalidad de hacer del Juicio Político un proceso más eficiente y justo con las partes participantes, el legislador Jesús Alonso Montes Piña presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley Estatal de Responsabilidades.
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PES y Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales manifestó que debido a una mayor participación ciudadana en la agenda pública y política de Sonora la demanda por transparencia y la búsqueda de rendición de cuentas hacen necesaria la creación de métodos más efectivos para estas causas.
“En meses pasados, durante el desempeño de la presente legislatura, tuvimos el compromiso de atender y resolver diversas denuncias que tienen que ver con el juicio político de funcionarios públicos municipales y estatales, lo que nos permitió observar que existen en nuestra legislación algunas áreas de oportunidad que podemos mejorar para el buen desarrollo del procedimiento de dicho juicio”, afirmó Montes Piña.
Es por lo anterior que se trabajó en coordinación con el Centro de Investigaciones Parlamentarias y la Coordinación Jurídica del H. Congreso del Estado a fin de buscar los marcos legales necesarios para una reforma en esta materia, lo que desembocó en la propuesta presentada hoy ante el Pleno.
“La presente propuesta va dirigida principalmente a incluir un procedimiento claro y eficaz del Juicio Político, de aquellos servidores públicos contemplados en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Asimismo, los nombrados en el artículo 268 de la Ley Estatal de Responsabilidades”, dijo el Coordinador del PES.
Entre las adecuaciones, destacó el legislador, se encuentra la obligación del denunciante a sustentar sus dichos con pruebas suficientes para establecer la existencia de la infracción, se puntualizan los requisitos que debe cumplir la denuncia, le fijan tiempos para resolución, las causas que hacen que el proceso sea sobreseído, causas para recusar a autoridades y órganos técnicos intervinientes, de las pruebas, del derecho de audiencia del acusado durante el procedimiento, entre otros; todo esto con la finalidad de cuidar un que exista un procedimiento claro, y que cuando llegue un juicio político al congreso exista certeza para las partes.
