El diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Miguel Ángel Chaira Ortiz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Notariado del Estado de Sonora, con el objeto de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil exentándolas de pago ante los notarios públicos y su inscripción ante la autoridad registral y catastral.
Detalló que se propone adicionar el artículo 79 bis a la Ley del Notariado del Estado de Sonora, para que no se cobren honorarios que fije el arancel, siempre y cuando se tenga un objeto social, es decir, que las organizaciones sean de apoyo a la alimentación popular, al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a la promoción de la equidad de género, aportación de servicios para la atención a grupos con discapacidad, cooperación para el desarrollo comunitario urbano o rural, promoción al deporte, fomento de acciones para la economía popular, entre otros.
Así mismo, propuso reformar el artículo 106 de la presente Ley en donde se establece que solo se prestarán los servicios registrales previo el pago de los derechos correspondientes en las oficinas recaudadoras. Chaira Ortiz propone exceptuar de pago a aquellas asociaciones civiles que tengan como objeto la asistencia social conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia Social y en la Ley General de Salud.
El legislador morenista explicó que en la actualidad es imprescindible el progreso de diversos actores sociales, lo cual debe de traducirse en un mayor beneficio de las condiciones de vida y en la generación de oportunidades entre la población, lo cual representa un proceso evolutivo, dinámico, democrático y participativo que promueva el mejoramiento económico, social, cultural y ambiental del país en su conjunto.
“Para lograr una verdadera consolidación democrática aplicable a nuestro modo de vida, se debe impulsar la participación activa de la ciudadanía en la planeación y ejecución de actividades en la búsqueda del bienestar comunitario”, señaló.
Chaira Ortiz dijo que es preciso que el gobierno se vincule con las organizaciones emanadas de la población, para que, con respeto y corresponsabilidad, cooperen unidos para un mejor desarrollo. El Gobierno necesita abrir canales de colaboración con estos nuevos movimientos sociales.
La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posterior dictamen.
